Tegucigalpa preocupada por la nueva normativa europea de inmigración.

El Gobierno de Honduras expresó hoy su preocupación por la aprobación en el Parlamento Europeo (PE) de una normativa para la expulsión de los inmigrantes indocumentados que puede afectar a miles de centroamericanos.

El vicecanciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, dijo a los periodistas que la decisión del PE es 'preocupante' porque hasta ahora la Unión Europea aplicaba una política más benevolente con los inmigrantes de América Latina, aunque sus 27 países miembros 'no tenían una política unificada'.

Ahora han 'aplicado una directriz de endurecer medidas, algo que es altamente preocupante porque además se considera la inmigración como un posible delito', subrayó el diplomático.

Reina expresó que no se descarta que Centroamérica presente una reacción unificada ante la Unión Europea, y dijo que Honduras pedirá a su representación diplomática ante la UE que envíe a Tegucigalpa la resolución del Parlamento Europeo 'para analizarla'.

Sin precisar cifras, Reina dijo que en España e Italia es donde viven más hondureños, aunque se calcula que en toda Europa pueden superar los 45.000.

Honduras también espera que el Acuerdo de Asociación que negocian Centroamérica y la UE no se vea alterado por la decisión del PE, que en opinión de Tegucigalpa también 'sorprende porque Europa ha sido defensora de los derechos humanos'.

Europa ha hecho sentir demostraciones de solidaridad en países de varias regiones del mundo que han vivido situaciones difíciles, expresó el vicecanciller hondureño.

Reina recalcó que Honduras comparte el criterio de las Naciones Unidas en el sentido de que 'la inmigración no debe ser penalizada'.

'Nos preocupa cómo se aplicarán las medidas del Parlamento Europeo y esperamos que no se violen los derechos humanos', agregó.

La polémica ley aprobada por el PE de expulsar a los inmigrantes que viven de manera ilegal en Europa es producto de un compromiso entre la Eurocámara y los 27 Estados miembros de la Unión Europea.

Entre otras medidas, la resolución establece el retorno de los inmigrantes y el que puedan ser internados por un máximo de seis meses antes de ser expulsados.

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